A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.
AL PUEBLO EN GENERAL
El próximo mes de septiembre, se cumplen nueve años de que el gobierno
priista de Diódoro Carrasco Altamirano inició la Guerra de Baja Intensidad
en contra de los indígenas zapotecos de la Región Loxicha, bajo el
falso argumento de pertenencia al Ejército Popular Revolucionario,
guerra que constituyó una verdadera cacería en contra de indígenas
indefensos que por décadas habían sido víctimas del caciquismo local
y de ancestral pobreza y marginación extremas.
Hoy las condiciones no han cambiado pues haciendo una reflexión comparativa
encontramos que si en el periodo 1996-1997 hubo la ejecución de 14
personas, en el periodo 2003-2004 tenemos un número similar de ejecutados,
y si en 1997 teníamos ejecuciones y desapariciones, en el sexenio
de José Murat se ejecutaron órdenes de aprehensión de expedientes
fabricados en el sexenio diodorista; en cuanto a las desapariciones,
el compañero Marcelino Santiago Pacheco que había sido desaparecido
en 1997 fue nuevamente desaparecido el 27 de Abril del 2003 sin que
hasta la fecha conozcamos de su paradero.
El brazo paramilitar de Diódoro Carrasco Altamirano sigue presente,
pues si en su sexenio los indígenas eran asesinados por las corporaciones
policiacas, hoy al ver diezmado su poder político ha recurrido al
fortalecimiento de las bandas paramilitares apoyado en las áreas de
inteligencia, que controló desde su paso por la Secretaría de Gobernación,
y en los intereses de los caciques enquistados en la Región, que en
la lucha por el poder municipal ejecutaron a más de una decena de
indígenas el año pasado.
Si bien la Asamblea Comunitaria cansada de las arbitrariedades del
Administrador Municipal eligió a su representantes, estos no fueron
los idóneos pues era voz popular que habían operado abiertamente para
el grupo diodorista y que con la política de exterminio contra quienes
se opongan a sus intereses de dominación, continuaron con el fortalecimiento
de las bandas paramilitares, ante la complacencia del poder en turno,
que no obstante las denuncias y el desplazamiento forzado de familias
enteras de comunidades como Santa Cruz y Llano Palmar no han procedido
ha tomar medidas precautorias como sugiere la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en su Informe Especial del 2003 respecto a la Situación
de Violación de Derechos Humanos en la Región Loxicha.
Hoy, como hace 20 años los caciques locales tienen aterrorizada a
la población y las amenazas de muerte se extienden para quienes desde
nuestra modesta posición hacemos esfuerzos por recomponer la situación
generada por los gobiernos priistas que encuentran en las comunidades
indígenas nuevas alternativas de enriquecimiento y nichos de votos
para sus campañas, pero donde paradójicamente, los pueblos originarios
son el obstáculo a eliminar a sangre y fuego.
Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de nuestra integridad
física y psicológica y la de nuestras familias.
Nos seguimos pronunciando por JUSTICIA Y LIBERTAD para los indígenas
Loxichas.
Exigimos planes de desarrollo integral para las comunidades indígenas
de acuerdo a nuestra Constitución, a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y a los convenios y tratados internacionales firmados
por el gobierno mexicano.
También exigimos alto a la represión contra las organizaciones democráticas,
periodistas y luchadores sociales a la lo largo y ancho de nuestro
país.
Castigo a los responsables de la Guerra Sucia, de las masacres estudiantiles,
de indígenas y campesinos en nuestro país.
Hacemos un llamado a la unidad y a la solidaridad en cuanto a las
demandas más sentidas de nuestra sociedad y que nuestros reclamos
no sean sólo coyunturales o por pose, sino nacidos de la más honda
conciencia ciudadana.
ATENTAMENTE:
(Comité de Resistencia y Organización)
Inés Antonio Reyes Daniel Santiago Matías
Juan Sosa Maldonado Alejandro Santiago López
Laura Hernández Antonio Beatriz Ramírez Almaraz
Genaro Mendoza Tomás
